• Juan Pablo Albán sostuvo que el análisis sobre México no se limita al pasado y evalúa la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad

• Defendió la decisión del organismo con cifras recientes: más de 132 mil 400 personas desaparecidas y unos 72 mil restos humanos sin identificar

Karla Galarce Sosa

Acapulco, Guerrero; 7 de abril de 2026.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro respondió al rechazo del gobierno de México al informe sobre desapariciones y aclaró que la evaluación del organismo no se limita a un periodo cerrado, sino que examina la evolución del fenómeno hasta la actualidad con base en las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. 

La respuesta del jurista ecuatoriano se dio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la actuación del Comité y afirmó que el documento presenta fallas metodológicas, omite acciones del gobierno federal y no reconoce los esfuerzos institucionales frente a este delito.

Este martes, la mandataria rechazó que el Estado mexicano “no está rebasado” y acusó un sesgo político en la intención del Comité de llevar el caso a la Asamblea General de la ONU. 

Desde su cuenta en X, Albán Alencastro defendió el alcance y fundamento de la decisión del organismo internacional y sostuvo que los datos recientes muestran la dimensión nacional del problema.

“El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil 400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, expuso.

Añadió además que, a inicios de 2026, las cifras oficiales estimaban alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, frente a 52 mil en 2021. 

El presidente del Comité subrayó también que el desacuerdo con el gobierno mexicano puede formar parte del diálogo internacional, pero pidió mantener el respeto institucional.

“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable… es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes”, expresó. 

Albán Alencastro recordó que el procedimiento aplicado a México está previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite al Comité llevar urgentemente el asunto a la consideración de la Asamblea General cuando recibe indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

La propia ONU informó el 2 de abril que la medida busca movilizar atención y apoyo internacional para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este crimen, y precisó que el procedimiento es de carácter preventivo. 

El también relator del Comité precisó que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas y que sus integrantes son elegidos por los propios Estados parte, aunque actúan con independencia.

Rechazó la interpretación oficial de que la revisión sobre México se acota a hechos del pasado y reiteró que el análisis incorpora información acumulada y actualizada sobre la crisis de desapariciones en el país.