• La senadora guerrerense subrayó que la integración reconoce el papel de víctimas y sociedad civil en la toma de decisiones
• Reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmó su solidaridad con las familias que siguen buscando a sus seres queridos

Redacción

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025.- La senadora Beatriz Mojica Morga calificó como un avance importante la elección de quienes integran el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, realizada el martes pasado en el Senado de la República.

En entrevista posterior a la sesión, la legisladora guerrerense expresó su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y refrendó su compromiso de impulsar desde la Cámara Alta todas las acciones necesarias para enfrentar la crisis.

“Este tema es muy doloroso en nuestro país y hay que atenderlo con seriedad y sensibilidad”, señaló.

El nombramiento, explicó, se llevó a cabo con base en la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y establece que las y los consejeros honoríficos durarán tres años en el cargo, sin posibilidad de reelección ni desempeño de funciones como servidores públicos.

El Consejo está conformado por cinco familiares de víctimas, cuatro especialistas de reconocido prestigio en derechos humanos, búsqueda o investigación de desapariciones -uno de ellos forense-, y cuatro representantes de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Beatriz Mojica reconoció que este paso se concreta tras las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en la materia.

“Hoy estamos nombrando un consejo ciudadano que permitirá atender de manera integral esta problemática. Toda nuestra solidaridad con las personas que tienen un familiar desaparecido; desde el ámbito legislativo seguiremos haciendo todo lo posible para aportar soluciones”, afirmó.

La senadora concluyó que la crisis de desapariciones requiere la coordinación de instituciones, sociedad civil y familias, y que la nueva conformación del consejo representa una oportunidad para que la voz de las víctimas sea escuchada y considerada en la toma de decisiones.