• El representante de la UNODC en México advirtió que la represión sin atención social ni ambiental ha dejado fuera de la agenda la atención a mujeres, pueblos originarios y el saneamiento de zonas afectadas por la producción de drogas
• Señaló que la criminalización castiga más a consumidores que a traficantes y llamó a fortalecer a las comunidades como primera red de apoyo para prevenir adicciones.

Karla Galarce Sosa

ACAPULCO, Gro., 14 de agosto de 2025.- El coordinador nacional de Programas de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en México, Hugo Córdoba Rueda, advirtió que las políticas de combate a las drogas deben incorporar una atención diferenciada a mujeres, comunidades indígenas y a los daños ambientales derivados de la producción de estupefacientes.

Durante su ponencia La prohibición e interdicción en política de drogas, en el panel Medio Ambiente y Salud Mental durante el 22 Congreso Internacional en Adicciones, sostuvo que estos tres aspectos son pendientes en la agenda global y que las estrategias actuales han privilegiado la represión, sin atender los factores sociales y ambientales que agravan el problema.

“Atender el tema de las drogas desde una perspectiva de género sigue siendo un pendiente. También debemos considerar a las poblaciones indígenas, atendiendo a su cosmovisión y características, así como a la población en movilidad. Y, por supuesto, al medio ambiente, un tema del que casi no se habla en este contexto”, señaló.

Córdoba Rueda alertó que el desmantelamiento de laboratorios clandestinos no debe considerarse únicamente un logro, ya que en muchos casos se ubican en ecosistemas frágiles donde la contaminación por químicos y residuos es letal, y no se realizan acciones de saneamiento.

“El foco está en desmantelar, incautar y destruir, pero el daño que ya se generó pocas veces es evaluado, mucho menos atendido. Se pierde de vista que en estas zonas rurales el crimen organizado acapara los cuerpos de agua, impidiendo que las comunidades tengan acceso a ella”, puntualizó.

Explicó que la producción de drogas sintéticas y naturales genera un alto impacto ambiental, debido al uso intensivo de agua y fertilizantes, la deforestación, la contaminación de suelos y ríos, y la producción de grandes volúmenes de residuos tóxicos. Según datos de la UNODC, cada laboratorio clandestino puede emitir entre cinco y siete toneladas de dióxido de carbono.

El especialista también cuestionó que las políticas de fiscalización y criminalización sancionen con mayor severidad a los consumidores que a los traficantes. Citó datos del Informe Mundial sobre Drogas 2025, que indican que de 6.1 millones de personas que tuvieron contacto con la ley por delitos relacionados con sustancias, cuatro millones eran usuarios y solo 1.7 millones traficantes.

“Al final fueron condenados más usuarios que narcotraficantes, lo cual habla de algo preocupante. Se les interna o se les encarcela sin ofrecer opciones de tratamiento o reintegración”, advirtió.

Finalmente, insistió en que el abordaje del problema debe basarse en evidencia y en estándares internacionales, fortaleciendo a las comunidades como primera red de apoyo y reduciendo la estigmatización.

“Queremos que la comunidad sea el primer respondiente, la primera red de apoyo para las personas. Entre más prohibición y estigma haya, más se empuja a la gente hacia mercados peligrosos y sustancias adulteradas”, concluyó.