• Señala Sara Mendiola de Propuesta Cívica los riesgos del uso del daño moral, figuras penales ambiguas y la violencia política de género contra el ejercicio periodístico
• Arranca el IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en Ciudad de México

Karla Galarce Sosa

Ciudad de México; 7 de febrero de 2026.- La directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica Sara Mendiola Landeros advirtió que diversas reformas legales y el uso discrecional de figuras jurídicas vigentes están configurando un escenario de alto riesgo para el ejercicio del periodismo en México, particularmente para las mujeres periodistas.

La advertencia fue realizada durante la conferencia magistral de arranque de las actividades del IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, en Ciudad de México, donde Sara Mendiola expuso los patrones de persecución judicial documentados en los últimos años contra comunicadoras y comunicadores que investigan asuntos de interés público.

Desde una perspectiva de género, la activista subrayó que las mujeres periodistas enfrentan un impacto diferenciado, ya que además de las demandas civiles y procesos penales, son objeto de mecanismos legales que imponen medidas cautelares restrictivas, afectando su libertad profesional, económica y personal.

Demandas por daño moral sin controles judiciales

Uno de los principales focos de riesgo, explicó, es el uso del daño moral en materia civil, cuya regulación en la mayoría de los estados permite demandas millonarias sin topes indemnizatorios y con plazos excesivos de hasta dos años para su presentación. Esta figura, señaló, ha sido utilizada por servidores públicos y actores con poder político y económico como una forma de castigo y venganza contra investigaciones periodísticas que exponen corrupción y violaciones a derechos humanos.

Mendiola alertó que, al no existir filtros judiciales previos, los jueces están obligados a admitir las demandas con solo cumplir requisitos formales, lo que somete a periodistas a procesos de desgaste que pueden extenderse por años, aun cuando posteriormente obtengan sentencias favorables en instancias federales.

Ausencia obligatoria del estándar de malicia efectiva

Otro de los riesgos identificados es que, salvo excepciones como Nuevo León, los códigos civiles estatales no obligan a los jueces a aplicar el estándar de malicia efectiva, criterio constitucional que exige demostrar que una publicación es falsa, que se difundió a sabiendas de su falsedad y con la intención deliberada de dañar. La falta de esta exigencia, advirtió, facilita condenas contra periodistas por el solo hecho de ejercer crítica al poder.

Criminalización desde el ámbito penal

En materia penal, la activista alertó sobre el uso de tipos penales ambiguos para iniciar procesos que incluso implican privación de la libertad, como delitos de fraude, obstrucción de la autoridad, terrorismo o extorsión, aplicados de manera forzada a actividades periodísticas legítimas.

A ello se suma, dijo, la omisión sistemática de fiscalías estatales para investigar agresiones contra periodistas con perspectiva de libertad de expresión y de género, a pesar de la existencia de un protocolo homologado obligatorio desde 2018.

Uso indebido de la violencia política de género

Desde un enfoque feminista, Mendiola Landeros puso especial énfasis en el uso inadecuado de la figura de violencia política contra las mujeres por razón de género en el ámbito electoral. Explicó que, aunque se trata de una herramienta necesaria para proteger a las mujeres en la vida pública, está siendo utilizada para censurar a periodistas, imponiendo medidas cautelares que ordenan bajar contenidos o prohibir nuevas publicaciones.

Estas medidas, advirtió, constituyen censura previa, prohibida por la Constitución y por los estándares internacionales de derechos humanos, y afectan de manera directa a mujeres periodistas, quienes además enfrentan sanciones económicas, disculpas públicas forzadas y registros como personas violentadoras.

Reformas apresuradas y justicia politizada

Finalmente, la activista expresó preocupación por la tendencia a crear nuevas leyes o reformar códigos penales con redacciones amplias y ambiguas, bajo el argumento de proteger a la ciudadanía, pero que en la práctica amplían las herramientas para criminalizar la crítica, la investigación periodística y la denuncia pública.

Sara Mendiola advirtió que la combinación entre reformas legales mal diseñadas, la politización del Poder Judicial y la falta de comprensión del trabajo periodístico representa una amenaza estructural para la democracia, ya que debilita el derecho de la sociedad a estar informada.

“El periodismo no es enemigo ni aliado del poder. Es un canal de transparencia y rendición de cuentas. Cuando se agrede al periodismo, se daña directamente a la democracia”, subrayó.